La Ley de Transparencia Corporativa de los Estados Unidos (CTA), promulgada en 2021, exige que numerosas entidades comerciales estadounidenses divulguen Información sobre la Propiedad Beneficiosa (BOI). Un propietario beneficiario se define como un individuo que tiene un control significativo sobre una empresa o posee intereses de propiedad de al menos el 25% de la entidad. Esta legislación tiene como objetivo mejorar la transparencia en las estructuras corporativas al requerir que las entidades informen sobre individuos con participaciones o control sustanciales, ayudando así a combatir actividades financieras ilícitas como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
La implementación de la CTA requiere coordinación entre FinCEN y las partes interesadas relevantes para garantizar el cumplimiento de los requisitos de informes y la utilización efectiva de los datos de propiedad beneficiosa para abordar actividades financieras ilícitas.
La Red de Cumplimiento de Delitos Financieros (FinCEN), perteneciente al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, comenzó a aceptar informes sobre Información sobre la Propiedad Beneficiosa (BOI) a partir del 1 de enero de 2024. Se otorga un año a las empresas existentes para presentar sus informes, mientras que las nuevas empresas deben presentarlos dentro de los 90 días posteriores a su creación o registro. Además, las empresas deben actualizar sus informes de BOI dentro de los 30 días posteriores a cualquier cambio en la empresa o sus propietarios beneficiarios. En caso de inexactitudes en el informe inicial, se deben presentar informes corregidos dentro de los 30 días posteriores a la identificación de tales inexactitudes.
La información requerida para cada propietario beneficiario incluye:
Nombre legal del individuo
Fecha de nacimiento
Dirección residencial
Un número único de identificación de un documento de identificación aceptable
El nombre del estado o jurisdicción que emitió el documento de identificación aceptable
Estos datos completos garantizan que FinCEN tenga información precisa y detallada sobre las personas que tienen un control significativo sobre los intereses de propiedad en una empresa, fortaleciendo así los esfuerzos para combatir los delitos financieros y promover la transparencia en las estructuras corporativas.
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